Tijuana, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició una investigación formal para esclarecer los hechos denunciados como una presunta red de hostigamiento y explotación sexual al interior de la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Altamira de este municipio fronterizo. Las autoridades confirmaron la integración de la carpeta de investigación con número 0204-2026-2349, la cual es atendida por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género.
De acuerdo con los datos duros proporcionados por la institución ministerial, en las diligencias participan dos alumnas de entre 13 y 14 años de edad, señaladas como presuntas hostigadoras, así como dos presuntas víctimas, una de ellas menor de 13 años. El origen de las acciones legales fue una denuncia presentada por una madre de familia, quien alertó a las autoridades tras identificar publicaciones en redes sociales que evidenciaban la situación al interior del plantel educativo situado sobre la Avenida Buenos Aires.
La fiscal Hortencia Noriega, titular de la Fiscalía de Género, supervisa las actuaciones ministeriales enfocadas en determinar la veracidad de los señalamientos y la posible existencia de una estructura delictiva operando entre menores. El delito que se investiga bajo esta carpeta es trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, lo cual implica un análisis exhaustivo de las interacciones reportadas y la posible participación de otros actores.
Hasta el momento, la investigación se encuentra en etapa de integración de datos, por lo que no se han divulgado nombres completos de las menores involucradas ni detalles específicos sobre la operación de la presunta red o la identidad de posibles clientes. La autoridad ha señalado que, aunque el foco inicial está en el entorno escolar, no se descarta la participación de mayores de edad en los hechos, aunque esto deberá ser determinado conforme avance el proceso legal y se recaben más elementos probatorios.
El caso ha puesto en alerta a la comunidad educativa y a las familias de la zona de Altamira, mientras la FGE trabaja para establecer los alcances reales de los eventos ocurridos en la secundaria Ignacio Zaragoza. Las autoridades competentes continúan con las diligencias necesarias para proteger a las presuntas víctimas y definir la situación jurídica de las involucradas, manteniendo la reserva del caso debido a la minoría de edad de todos los sujetos procesales mencionados en la denuncia inicial.